Millonaria condena contra el Estado por la toma de Miraflores

El Consejo de Estado determinó que al menos 28 de los 140 soldados secuestrados por las Farc en la toma de Miraflores (Guaviare) en 1998 fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos por parte de la guerrilla, y por esa razón emitió una nueva y millonaria condena contra el Estado.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio, ordenó una indemnización cercana a los 6 mil millones de pesos por los daños que sufrieron los uniformados y sus familias tras la toma y el posterior secuestro. Los militares estuvieronmás de 34 meses en manos de la guerrilla.

Según el fallo, durante el secuestro la guerrilla echaba vidrios a las comidas de los solados, los amarraban, los encerraban en cambuches de donde solo podían salir para hacer las necesidades fisiológicas, les impedían bañarse por varios días o no les daban elementos de aseo personal.

Además, los soldados fueron torturados. De acuerdo con los testimonios de diferentes procesos penales, las Farc los amarraban del cuello y brazos a los troncos de los árboles, los encerraban en un campo con alambre de púas, los obligaban a usar los instrumentos de cocina para hacer sus necesidades y les apuntaban con armas para torturarlos psicológicamente.

Esto fue considerado por el Consejo de Estado como una violación abierta y flagrante de las disposiciones de Derecho Internacional Humanitario, que pretende la humanización de las guerras y los conflictos armados.

“Esta situación generalizada y sistemática de secuestro padecida por los 28 soldados demandantes y los demás militares y policías que sufrieron los rigores y vejámenes del cautiverio por cerca de 34 meses no puede comprenderse sino como una degradación del conflicto armado y de la dignidad humana lo que, vergonzosamente, llegó hasta el punto en que el ser humano pasó a ser un producto (cual simple objeto o cosa) de una negociación en el conflicto, lo que constituye una pérdida de valor humano en un contexto de violencia desbordada y sin miramientos, ni respeto de principios básicos de humanidad”, señaló la Sala.

De acuerdo con el Consejo de Estado, comportamientos como estos “no hacen más que ubicar al conflicto armado interno en las antípodas de la civilización, desconociendo tratos mínimos, básicos y elementales de humanidad”.

La Sala indicó que la cruenta toma, en la que fueron utilizadas armas no convencionales como ‘tatucos’, si bien es responsabilidad de las Farc, fue también producto de claras omisiones por parte las autoridades. Según el fallo, había suficiente conocimiento de la posible acción y no se tomaron las medidas para evitarla, pues faltaron armas y personal.

El Consejo aclaró que por información de inteligencia se conocía con antelación la posibilidad de la toma a la base antinarcóticos, así como los movimientos de personal de las Farc. Además, una vez empezó el ataque de las Farc, el apoyo militar y aéreo fue tardío e insuficiente.

Medidas de reparación

La Sala le ordenó al Ministro de la Defensa y a la Cúpula Militar que realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y reconocimiento como víctimas de los 28 uniformados en el Monumento de los Caídos, en la ciudad de Bogotá.

Igualmente, se exhortó respetuosamente al Presidente de la República para que por conducto de la delegación de negociadores en La Habana (Cuba) se transmita a las Farc y a sus máximos dirigentes, la necesidad de ofrecer disculpas públicas y explicar a toda la comunidad nacional dos cosas: el uso de armas no convencionales y el secuestro y sometimiento a tratos crueles, inhumanos y violatorios de la dignidad humana de los soldados secuestrados.

Igualmente, se envió copia de la decisión a la Fiscalía para que determine si hay lugar a reabrir o continuar investigaciones contra los miembros de las Farc responsables de los vejámenes, así como a la Procuraduría General de la Nación.

La Sala también le ordenó al Ministerio de Defensa que haga una política dirigida a corregir las fallas cometidas en la base militar de Miraflores. Al Ejército, por su parte, le corresponde crear una cartilla en la que se determinen las fallas y divulgarla en un curso de un año en todas las unidades militares del país.

TOMADO DE EL COLOMBIANO