Después de una avalancha de críticas por la tabla de avalúos con la que el Gobierno basará el cobro de impuestos de vehículos en Colombia, elministerio de Transporte, por medio de su titular, Natalia Abello, salió a calmar las aguas y a explicar el impacto que tendrá en el bolsillo de los contribuyentes.
Y lo hizo tras las críticas de todos los presidentes de gremios relacionados con el sector, quienes en repetidas ocasiones han manifestado la inconformidad de la industria frente a la polémica directriz del Ejecutivo.
De acuerdo con Abello, de los 12 millones de vehículos activos en el parque automotor, más de 6,5 millones quedan exentos por la Ley 488 de 1998 de pago de este impuesto. Pero ahí, en ese dato que entregó la funcionaria, están las motos de menos de 125 c.c. y los vehículos de transporte público de pasajeros y carga, no el grueso de particulares, quienes son los que más han protestado.
Y, acto seguido, el ministerio advirtió que “gracias a la actualización de la metodología aplicada, los 5,5 millones de vehículos obligados a pagar recibirán un beneficio este año, dado que el 62 por ciento de ellos no tuvo aumento o se redujo en comparación con la base gravable del 2015”.
El Gobierno se reunió con los diferentes líderes gremiales que lo han criticado, y allí también estuvo la Procuraduría, quien este misma semana “pidió ajustes de manera oportuna a la resolución 0005358 de 2015, dentro del cumplimiento de las disposiciones legales, ante posibles falencias identificadas en dicha resolución, tales como el no encontrarse el avalúo de los vehículos para el año 2016, que algunos vehículos no se encuentren dentro de la resolución y que está sobre estimado el valor de algunos de ellos frente al valor comercial”.
Y aunque se esperaba que el Gobierno entrara a revisar con lupa la decisión, quedó claro que no tiene reversa y que serán cientos o miles los casos de colombianos afectados por la decisión. Una muestra de ellos es el ejemplo que esgrimió Fanny González, procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, en Blu Radio, cuando dijo: “Tenemos ejemplos de algunos vehículos que en el 2015 valían $33 millones, en el 2016 el valúo aparece en $48 millones 800 mil, y el valor comercial del vehículo es de $25 millones”. Diferencias que son, precisamente, las denunciadas por gremios como Asopartes y su presidente Tulio Zuluaga.
TOMADO DE EL ESPECTADOR
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