Una modesta empresa, creada en Manizales (Caldas) y dedicada a la compraventa de computadores, pasó a diseñar una sofisticada y polémica tabla de avalúos de vehículos que disparó el cobro de impuestos hasta un ciento por ciento y hoy tiene a la ministra de Transporte, Natalia Abello, en el ojo del huracán.
Se trata de Datasoft Ingeniería Ltda., creada el 6 de febrero del 2002 con un capital de apenas 8 millones de pesos y representada por Diego Álvarez León.
Durante 13 años, la firma se dedicó principalmente a comercializar computadores. Pero, súbitamente, el 23 de febrero del 2015, amplió su objeto social a actividades de consultoría de gestión, actividades contables, realización de encuestas de opinión pública, así como a desarrollos informáticos.
Esta última le permitió, cuatro meses después, participar en el concurso de méritos que abrió el Ministerio de Transporte para que una firma le calculara la base gravable del pago de impuesto de más de 11 millones de automóviles, camperos, camionetas, motocicletas, motocarros, automotores de carga y pasajeros y remolques, semirremolques para el transporte terrestre.
Además de Datasoft Ingeniería, dos empresas estuvieron preguntando por los requisitos para presentarse al concurso de méritos: Redesis y DB System. Pero ninguna se postuló.
De hecho, el representante de una de esas firmas alegó que el pliego de condiciones tenía unos requisitos y especificaciones técnicas “particulares que no garantizaban el derecho a la igualdad de los participantes ni aseguraban el éxito del proyecto”.
El Ministerio desestimó las objeciones y el 31 de julio del año pasado adjudicó el contrato a la única empresa que se presentó: Datasoft Ingeniería, que para ese momento tenía un músculo financiero de 30 millones de pesos para responder por un contrato de 435 millones de pesos.
Tres meses después, el 27 de octubre de 2015, se firmó el contrato, el cual se venció el 4 de diciembre del 2015.
La polémica resolución a través de la cual entró a regir la tabla hecha por Datasoft se expidió el 30 de noviembre.
¿Acción popular?
El corresponsal de EL TIEMPO en Manizales estableció que, tres días antes, los socios de la firma le inyectaron capital. Saltaron de 30 millones de pesos a 100 millones de pesos.
Según se lee en un acta, Álvarez explicó que “se hace necesario un aumento de capital que respalde las exigencias de las contrataciones venideras”.
Antes de llegar a la convocatoria del Ministerio, Datasoft no había considerado necesario demostrar mayor solvencia en la contratación con el departamento de Caldas, en donde obtuvo contratos directos por 900 millones de pesos, entre el 2014 y 2015.
Primero le vendió a la Gobernación un software llamado Siscar, que según el propio Datasoft es una “solución informática diseñada para administrar la totalidad de las operaciones de las oficinas de tránsito”.
Y los contratos se extendieron en dos ocasiones luego de determinar la Gobernación que solo Datasoft podía operar el Siscar.
EL TIEMPO llamó a Diego Álvarez, quien en papeles aparece como dueño de la empresa, pero no respondió los mensajes.
Por ahora, la Cámara de Representantes alista un debate de control político para que la ministra de Transporte, Natalia Abello, explique la ecuación que le hizo Datasoft y que disparó los impuestos.
Y se están explorando vías jurídicas para tumbar su resolución. Una de estas, según explicó el abogado Pedro Chaustre Hernández, podría ser una acción de nulidad, pero se demoraría cinco años.
“Una acción popular es más rápida, procede contra actos administrativos como este y protege los derechos generales de los consumidores”, explicó Chaustre, experto en este tipo de acciones legales.
Citarán a debate a la ministra Abello
El debate generado por los elevados avalúos de vehículos por parte del Ministerio de Transporte sigue suscitando reacciones.
El representante a la Cámara por Bogotá Carlos Eduardo Guevara, del Movimiento Político Mira, radicó este martes un oficio ante el Ministerio, para que se revise la medida y explique la nueva metodología para realizar esta liquidación, que afecta cerca de 11 millones de propietarios de vehículos.
“Nos preocupa que la Resolución 5358 del 30 de noviembre de 2015 pueda tener afectación en la liquidación del impuesto a vehículos y en otros tributos, como el impuesto de renta, al patrimonio”, dice la comunicación de Guevara.
Para él, es ilógico que el avalúo de los vehículos tenga un incremento de hasta el 30 por ciento en modelos 1995 y entre el 30 y 40 por ciento en modelos 2012 a 2014, teniendo en cuenta que sufren una depreciación en el tiempo, y su vida útil es de cinco años, conforme al artículo 2 del Decreto 3019 de 1989. Guevara cita una sentencia del Consejo de Estado que establece que la depreciación atiende a la necesidad de reconocer racionalmente y en forma sistemática el costo del activo y con ella se logra distribuir el costo del bien, durante el tiempo de vida útil con un valor proporcional en el cual se reconoce su desgaste. Además, conforme al Estatuto Tributario, “la vida útil de los bienes depreciables se determina de acuerdo con la normas que señale el reglamento. Guevara citará a debate de control político la ministra Natalia Abello.
TOMADO DE EL TIEMPO
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